A dos días de la tragedia, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó al país que las autoridades trabajarían en la ejecución de acciones tendentes a evitar desgracias como la ocurrida la madrugada del domingo en la comunidad Las Yayas, de Azua, donde el camión sin control impactó el grupo de personas dejando la estela de muertes y lesionados.
En nota informativa de la institución del orden, originada en Azua y Baní, indican que durante operativo de inspección, miembros de la Policía Preventiva del Departamento de Azua llevaron a cabo un amplio operativo mixto que incluyó un recorrido por los barrios y sectores de Estebania, Las Charcas, Peralta, Azua, Padre Las Casas, Pueblo Viejo, Sabana Yegua y Palmar de Ocoa.
Los agentes de la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional realizaron inspecciones exhaustivas en los negocios y áreas identificadas, garantizando el cierre de aquellos que operaban fuera de las regulaciones establecidas.
Explican que el operativo, también resultó en el cierre de negocios de expendio de bebidas alcohólicas.
En Baní las acciones estuvieron dirigidas, explican, por la coronela Juana Yudelka Almonte, y se produjeron en horario desde las 10:00 de la noche del 3 de septiembre hasta entrada la madrugada.
Estos tuvieron como objetivo “asegurar el cumplimiento de las normativas locales y mantener el orden público”, asegura la uniformada.
Las inspecciones en este tipo de negocios buscan “garantizar el cierre de aquellos que operaban fuera de las regulaciones establecidas”, comunicó la institución del orden.
Garantía económica
El miércoles, el Juzgado de Paz Ordinario de Las Yayas impuso una garantía económica de un millón de pesos, como medida de coerción, a Ángel Encarnación Bautista, quien conducía el vehículo que provocó la muerte de seis personas, en Azua.
La jueza Ana Esther Hernández Méndez le impuso, además, presentación periódica por un período de seis meses, los días seis de cada mes, así como impedimento de salida del país, según confirmó a Listín Diario el periodista de Azua, Hector Abreu. El Ministerio Público, representado por Juan Diego Ramírez Galván, habría solicitado prisión preventiva.
